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EDITORIALES La lucha para anular la ley SB 1070 junio-septiembre de 2010
LA REVITALIZACIÓN del movimiento por los derechos de los inmigrantes tiene el potencial de detener la nueva ley racista en Arizona y de reanimar el impulso a una reforma migratoria genuina: una reforma basada en la amnistía para trabajadores indocumentados, en vez de su criminalización.
Las señales de la renovación del movimiento están en todas partes -de las marchas del Primero de Mayo a las protestas contra los Diamondbacks de Arizona y el boicot, que está reclutando el apoyo de ciudades y pueblos de costa a costa. Organizadas por grupos establecidos, o improvisadas por nuevos activistas, estas protestas son evidencia de que los que votaron por el cambio en el 2008 están hartos de esperar y decididos a realizarlo por sí mismos. No van a permitir que los reaccionarios de Arizona nos regresen al pasado segregacionista.
Cada vez más, la cara del movimiento es la de los jóvenes indocumentados, que reclaman tanto la revocación de la ley de Arizona como la aprobación por el Congreso del Acta DREAM, un proyecto de ley que otorgaría la residencia legal a jóvenes indocumentados que asistan a la universidad o se alisten en el ejército.
Los paros estudiantiles en Arizona y otros lugares traen a la memoria el activismo de los jóvenes del movimiento por los derechos civiles de los años 1950 y 1960.
Cuando la gobernadora de Arizona Jan Brewer siguió la aprobación de la SB 1070 con la aprobación de una ley que prohíbe los programas de estudios étnicos, los estudiantes de secundaria en Tucson se salieron otra vez. El movimiento por los derechos de los inmigrantes, que surgió a la conciencia nacional con las masivas marchas del año 2006, está siendo rejuvenecido por esta nueva oleada.
De hecho, las organizaciones de derechos civiles como el NAACP se han unido a los inmigrantes, señalando los muchos paralelismos entre la segregación en los estados sureños antes de 1965 y la de Arizona hoy, tildándola de "Juan Crow". Como resultado, se espera que la manifestación convocada para el 29 de mayo en Phoenix atraiga militantes de todo el país, mientras que acciones de solidaridad tendrán lugar en ciudades por todo EE.UU.
Según la legislación de Arizona, que entrará en vigor el 29 de julio, la policía tendrá el poder de detener a cualquiera que bajo "sospecha razonable" podría ser no-ciudadano. Si la persona sospechosa no tiene papeles, la policía podrá arrestarlo y entregarlo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Las organizaciones laborales y liberales se han pronunciado en contra de la ley. Rich Trumka, presidente de la AFL-CIO, dijo que la ley "socava gravemente los derechos de los trabajadores: Un patrón enfrentando quejas por parte de trabajadores latinos --en forma de un piquete o acción legal-- sólo tiene que llamar a la policía para arrestar a los trabajadores bajo 'sospecha razonable.' El escalofriante impacto de la ley es muy claro".
A parte de sumarse acciones iniciadas por el movimiento pro-inmigrante, el movimiento sindical y otros grupos liberales han también iniciado otras. Por ejemplo en Chicago, líderes obreros y funcionarios electos están planeando una protesta de desobediencia civil para el 25 de mayo en las oficinas del ICE de Chicago. Las protestas de Chicago --parte de una semana de acciones similares en todo el país-- se centra tanto en la revocación del SB1070, como en exigir al Congreso avanzar con la "reforma migratoria comprehensiva" (CIR).
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Esta diferencia también existió durante la marcha del 21 de marzo en Washington, DC, donde los organizadores del rally, la coalición Reforma Migratoria para América (RIFA por sus siglas en inglés), exigió que el presidente Barack Obama adoptara la versión de CIR propuesta por los senadores Charles Schumer (demócrata de Nueva York) y Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur.).
En el bosquejo Schumer-Graham, la aplicación de la ley incrementaría en gran medida y un programa de trabajadores huéspedes sería creado. Y mientras que la base del movimiento demanda amnistía, Schumer y Graham ofrecen el llamado "camino a la ciudadanía" para los trabajadores indocumentados que vincularía los solicitantes a los empleadores y se les requeriría realizar "servicios comunitarios". Es decir, hacer que los inmigrantes indocumentados trabajen sin ser remunerados y sean sujetos a la deportación por violaciones menores. Los senadores también quieren un documento nacional de identidad con tecnología biométrica.
La propuesta Schumer-Graham es la más represiva que hasta ahora ha sido presentada desde el 2006. En ese entonces, los políticos trataban de contener el movimiento de masas que estalló en respuesta a la legislación propuesta por el representante James Sensenbrenner (republicano de Wisconsin) que hubieran criminalizado a los aproximadamente 12 millones de trabajadores indocumentados y toda persona que les ayudara.
Mientras este enfoque extremo creó una reacción, las grandes corporaciones trataban a formar una versión de reforma migratoria que satisficiera sus propios intereses: la garantía de que los millones de trabajadores en los que depende obtengan un estatus legal, pero a través de un programa de trabajadores huéspedes, que haría imposible que los trabajadores se organicen en sindicatos y defiendan sus derechos. Al mismo tiempo, la legislación trataba de apaciguar a las fuerzas anti-inmigrantes por medio del endurecimiento de las medidas de seguridad a lo largo de la frontera y otros mecanismos de aplicación de la ley.
Todas estas tentativas --McCain-Kennedy, Hagel-Martínez y las demás-- fallecieron, principalmente debido a la oposición de los conservadores. Por su parte, el movimiento pro-inmigrante se volcó a la elección de los Demócratas, ayudándole a tomar el Congreso en 2006 y la de la Casa Blanca dos años después.
Desde entonces, sin embargo, la frustración y la ira han crecido entre los inmigrantes y sus defensores viendo como el presidente Obama hace nada por avanzar una reforma migratoria. Por el contrario, bajo Obama, las redadas y deportaciones han aumentado. Mientras que la administración de George W. Bush utilizó vistosas redadas al estilo militar, el ICE de Obama ha favorecido allanamientos menos visibles, en los que funcionarios del gobierno obligan a los empleadores a despedir cientos de trabajadores inmigrantes, utilizando la E-Verify.
Además, Obama ha ampliado el programa 287 (g) de colaboración entre la policía local y el ICE, conocido en el movimiento como la polimigra, así como el programa de Comunidades Seguras, que utiliza las órdenes de detención contra individuos como excusa para llevar a cabo redadas. También, la Operación Streamline impone cargos penales a todos los acusados de cruzar la frontera ilegalmente. A este ritmo, de acuerdo a Nativo López, presidente de la Mexican American Political Association, los dos años primeros del mandato de Obama verán 800.000 deportaciones y obligarán a 2 millones de mexicanos regresar "voluntariamente" a su país.
Por supuesto, SB1070 de Arizona es tan horrible que Obama se vio obligado a denunciarla. Pero él tiene el poder para anular la ley con el golpe de una pluma. Como un editorial del New York Times señaló, el gobierno federal puede hacer que la ley de Arizona sea letra muerta al retirar su cooperación con las autoridades estatales. En cambio, Obama, temeroso de incitar el voto anti-inmigrante, no ha hecho nada.
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El sector más progresista del movimiento mira a la propuesta auspiciada por el Representante Luis Gutiérrez (demócrata de Illinois), como un camino a la legalización mucho menos oneroso y sin un programa de trabajadores huéspedes. Sin embargo, incluso este proyecto de ley contiene duras medidas de aplicación de la ley para tratar de evitar las críticas de los republicanos y los demócratas conservadores. Como resultado, el marco entero de la discusión de la legislación de reforma migratoria se ha movido a la derecha.
Al tomar la iniciativa, el movimiento por los derechos de los inmigrantes tiene la oportunidad de cambiar esta dinámica política. Un amplio movimiento para derrocar la SB1070 proporciona la oportunidad de contrarrestar los mitos derechistas sobre la inmigración, y señala cómo los inmigrantes están siendo utilizados como chivos expiatorios de una crisis económica generada por los ricos y poderosos de Wall Street. En este momento, mientras que los inmigrantes son detenidos y deportados en cientos de miles, los corruptos banqueros obtienen grandes bonos y ganancias alimentadas por los fondos del rescate económico del gobierno.
Los moderados en el movimiento, como RIFA, dirán que no podemos fijar nuestras expectativas demasiado altas, apuntando a la encuesta de opinión del Pew que mostró que el 59 por ciento de los encuestados apoya la SB 1070, mientras sólo un 32 por ciento la opone. Pero olvidan que en los primeros días del movimiento de derechos civiles, las actitudes fueron similares respecto a la lucha contra la segregación. En mayo de 1961, el 57 por ciento de los encuestados dijo a Gallup que las protestas de desobediencia civil y "los viajes de la libertad" contra la segregación perjudicaría a la lucha contra la segregación y en 1964, una encuesta de Harris descubrió que el 57 por ciento desaprobó la Campaña de Verano de la Libertad de los activistas de los derechos civiles en Mississippi.
Hoy, por supuesto, las sentadas y los Viajes por la Libertad se toman como ejemplos emblemáticos de la larga marcha hacia el progreso realizada en EE.UU., y los tres trabajadores de derechos civiles muertos durante del Verano de la Libertad son vistos como mártires de la lucha por la justicia y la igualdad. Los inmigrantes jóvenes de hoy que están sentados en protesta se inspiran en este pasado, cuyo sacrificio y compromiso derrocaron el apartheid de EE.UU. La reacción anti-inmigrante de hoy requiere que una nueva generación se enfrente al desafío.
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