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HONDURAS Los políticos negocian, mientras... La resistencia continúa en las calles Por Emmanuel Santos | agosto-septiembre de 2009 | página 1
LA ADMINISTRACIÓN Obama quiere condicionar el retorno del depuesto presidente Manuel (Mel) Zelaya a Honduras, para así debilitar su gobierno y contener la influencia de la Revolución Bolivariana en el continente.
Luego de fracasadas las negociaciones entre Zelaya y los golpistas, éste regresó a Honduras el día 24 de julio, aunque sólo simbólicamente por una hora, escoltado por numerosos simpatizantes y desafiando las amenazas de arresto sobre él por parte del ilegítimo gobierno de Roberto Micheletti.
Esta maniobra no cayó bien en el gobierno estadounidense, el que aspira a un pacto entre Zelaya y los golpistas para garantizar el status quo, eso es, el mantenimiento de una constitución que favorece a los poderosos amigos de Washington, D.C. en Honduras y que restringe la democracia popular.
El intento de Zelaya de reformar esta constitución fue lo que desató el golpe de estado del pasado 28 de junio que derrocó su gobierno a manos de sectores económicos de la derecha hondureña estrechamente ligados al gobierno norteamericano.
La Secretaria de Estado, Hillary Clinton, se apuró en señalar que "El esfuerzo del presidente Zelaya para llegar a la frontera es imprudente", añadiendo luego que su regreso "no ayudará a restaurar el orden democrático y constitucional en Honduras".
Honduras sufre en estos momentos una creciente polarización que pudiera desencadenar una guerra civil.
Desde las primeras horas del golpe, los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) impulsaron a una campaña diplomática por el restablecimiento de Zelaya a la presidencia sin condiciones que favorezcan a los golpistas. El ALBA es una iniciativa de cooperación e integración latinoamericana promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez, quien se opone a negociar con los golpistas.
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La acción de la OEA fue aplaudida por un sector de la izquierda aunque ésta no ha pasado de ser más que un acto simbólico sin efecto para los golpistas. Otro sector de la izquierda y el movimiento popular desconfía de la OEA y la injerencia norteamericana por lo que organiza piquetes frente la embajada estadounidense en Honduras y responsabiliza a Obama por el golpe de estado.
La realidad es que OEA y EE. UU se han negado a congelar las cuentas bancarias de los golpistas y tomar otras represalias que pongan fin a la asonada.
Washington apuesta por una salida "pacífica" mediante negociaciones para sacar a Zelaya del escenario político. Por esta razón es que Washington y la derecha centroamericana quieren presionar a Zelaya para que desista de las propuestas populistas que lo acercaron a Chávez y al resto de los gobiernos de centro-izquierda de la región. Solo así, estarían dispuestos a aceptar su retorno a la presidencia.
Desde un comienzo, la administración Obama adoptó una doble postura, condenando el derrocamiento de Zelaya, pero al mismo tiempo negándose a calificar la asonada como un golpe de estado. Con esta actitud, Obama se quiere lavar las manos ante la opinión pública de la región y oxigenar a los golpistas tras bastidores, quienes siguen recibiendo ayuda militar norteamericana. En la actualidad, las Fuerzas Armadas Hondureñas reciben 180 millones de dólares en ayuda militar de parte de Washington.
Además, la Casa Blanca promueve las negociaciones entre Zelaya y los golpistas como si se tratara de un diálogo entre iguales, cuyo real objetivo es ganar tiempo para los golpistas usurpadores y presentar a Zelaya como responsable de la crisis. Estados Unidos está aplicando el modelo usado en Haití, cuando en 1994 el ex presidente norteamericano Bill Clinton reinstauró al depuesto Presidente Jean Bertrand-Aristide al poder con el objetivo de desestabilizar su mandato.
De ocurrir esto, se crearía un precedente de consecuencias desastrosas para el futuro de la democracia en la región, ya que el golpe gorila sería un preámbulo de lo que podría venir si las masas populares exigieran reformas y cambios radicales que pongan en riesgo el poder económico de las élites locales y de EE. UU.
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Arias presentó siete puntos como parte de una propuesta que permitiría el retorno de Zelaya, con la condición de que se instaure un "gobierno de unidad y reconciliación nacional" compartido con los golpistas.
Según reportes de prensa, Zelaya estaría dispuesto a compartir el gobierno al aceptar los siete puntos presentados por Arias, encasillados en el siguiente orden: retornar a Zelaya a la Presidencia para que cumpla su mandato; conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional con los golpistas y demás actores políticos; amnistía general para los golpistas; no a la consulta popular (la Cuarta Urna) para reformar la constitución; adelantamiento de elecciones; traslado del comando de las FFAA del poder ejecutivo al Tribunal Supremo; y conformación de una comisión integrada por hondureños notables y miembros de la OEA y de organismos internacionales.
Los golpistas, por su lado, no aceptaron la propuesta. Sin embargo no todos los golpistas se oponen al retorno de Zelaya. En declaraciones de prensa se registran dos tendencias dentro del régimen de Micheletti: una fracción está sumamente opuesta al retorno de Zelaya y otra, liderada por el ex presidente Carlos Flores Facusse, está dispuesta aceptar su retorno siempre y cuando se abstenga a participar en las elecciones y abandonar su propuesta reformar la constitución por medio de una asamblea constituyente.
La repuesta de las organizaciones que luchan por el restablecimiento de la democracia no se hizo esperar.
El Frente Nacional Contra el Golpe--que aglutina la fracción Melista del Partido Liberal, los sindicatos y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular--expresó su desacuerdo con las negociaciones y la postura adoptada por Zelaya por medio de un comunicado el día 19 de julio:
El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado en Honduras, integrado por las diferentes expresiones organizadas en el país y unidas por la situación provocada a partir del golpe de Estado, a la comunidad nacional e internacional informa lo siguiente:
2. Estamos de acuerdo con el primer punto de la propuesta presentada por el ciudadano presidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, consistente en la restitución inmediata de Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República de Honduras, misma que demandamos sea de carácter incondicional.
3. Rechazamos el resto de dicha propuesta, porque no coincide con nuestros planteamientos y exigencias, lo cual argumentamos: El numeral 2 [en la propuesta de Arias] posibilita la inclusión de personas relacionadas con el golpe de estado y, por lo tanto, que han cometido delitos de lesa humanidad. El numeral 3 significa la negación del derecho ciudadano a una democracia participativa. El numeral 4 promueve la impunidad para quienes planearon, ejecutaron y avalan el golpe de estado. El numeral 5 entraña la posibilidad de perpetrar un fraude electoral del cual ya se tienen claros indicios. El numeral 6 desconoce nuestro planteamiento de revisar el papel constitucional de las fuerzas armadas y su involucramiento en el golpe de estado. El numeral 7 no tiene razón de ser, en tanto no se despejen los puntos anteriores.
4. Denunciamos la actitud de desconocimiento tácito de violación de derechos humanos de que viene siendo objeto la población por parte del gobierno de facto y sus aparatos represores, de lo cual es muestra: 4 asesinatos, 1,158 detenciones ilegales, acoso y persecución a representantes del movimiento social; 14 medios de comunicación, 14 periodistas y 4 organizaciones sociales han sufrido atentados a la libertad de expresión; se han violentado los derechos individuales y fundamentales en la vida del ciudadano y ciudadana contemplados en la Constitución de la República. Denunciamos así mismo la involución que ha sufrido el país en materia de derechos humanos, militarización y acoso de comunidades como la Guadalupe Carney, en Silín, Colón; militarización de instituciones públicas y la puesta en acción de miembros de escuadrones de la muerte en todo el país; a lo cual se suma el accionar coludido del Ministerio Público, juzgados y Tribunales de la República con el gobierno de facto, lo que ha provocado un estado de indefensión de la ciudadanía.
5. Mantenemos nuestra posición de alcanzar procesos políticos incluyentes que permiten la participación democrática de hombres y mujeres, por medio de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
6. Continuamos firmes en nuestra lucha, hasta lograr la recuperación del orden institucional.
Mel Zelaya está adoptando una postura contradictoria en sus declaraciones a la prensa que ponen de relieve sus intereses de clase y dependencia política. Por un lado llama a la "insurrección popular" en contra de los golpistas y por el otro lado, acepta la mediación de Washington para garantizar su retorno a Honduras. Por el momento, todo parece indicar que Zelaya se comprometería a los designios de la Casa Blanca, dando un giro de ciento ochenta grados a su proyecto político si algún día lograse retornar.
A opinión del periodista y escritor Boliviano Hugo Moldiz Mercado, "Renunciar a colocar la cuarta urna en las elecciones de noviembre, cuya instalación o no se iba a decidir el 28 de junio, ya sea para cerrar o abrir el camino de una Asamblea Constituyente, así como el aceptar conformar un gobierno de unidad y reconciliación nacional con todos los partidos con representación en el Congreso, previa amnistía general, implica sentarse con los golpistas y aislarse de los movimientos sociales."
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Si bien es cierto que el repudio continental ha aislado políticamente a los golpistas, la lucha interna empujada por grandes segmentos de la población pobre y trabajadora, actúa como el factor determinante que mantiene la presión en contra de los militares gorilas.
Hasta ahora han sido millones de hondureños los que han participado en grandes jornadas de lucha a nivel nacional, entre las que destacan vigilias, plantones, ocupaciones de recintos estudiantiles, conciertos musicales, toma de carreteras, marchas y acciones huelguísticas.
La resistencia ha sido pacífica y se caracteriza por un alto grado de espontaneidad y falta de organización. Es tanto así, que algunas marchas se han organizado por medio de mensajes telefónicos entre manifestantes. En muchos casos, los manifestantes enfrentan a policías y soldados a palos y pedradas.
Los uniformados, por su parte, presentan signos de desmoralización luego de la brutal represión del domingo 5 de julio en el aeropuerto Tocotín, donde miles de manifestantes se dieron cita para recibir a Zelaya, quien venía en un avión que no pudo aterrizar. Los militares dispararon a sangre fría matando a un joven e hiriendo a más de una docena de personas, aumentando la ira popular hacia los golpistas.
Desde ese día, se han incorporado más personas a la resistencia en contra del golpe demostrando que le han perdido el miedo a los militares. Es tanto el odio hacia los militares, que la Policía Nacional, la cual en todo momento tomó parte en la represión, se distanció de la represión en Tocotín y culpo a los militares de haber dado la orden de disparar.
Además, dentro de las filas de los uniformados existe descontento porque los golpistas los han mantenido en la calle sin descanso. El medio informativo independiente Común-Noticias reportó que más de 300 agentes policiales se declararon en huelga el 23 de Julio en el cuartel policial de Barrio-Belén demandando un aumento salarial.
Las organizaciones que han tenido más protagonismo en la resistencia callejera y centros de trabajo han sido el Bloque Popular y Federación de Organizaciones de Maestros de Honduras (FOMH) así como otras organizaciones de base. La izquierda radical y algunos sectores del movimiento obrero llamaron a la huelga general desde el momento mismo del golpe para paralizar la economía y derrocar a Micheletti.
El gremio de maestros acató el llamado a huelga desde un principio, lo que mantiene paralizado el sistema educativo a nivel nacional. Por su parte, las centrales obreras llaman a la huelga general pero no coordinan su organización, ya que la dirección tiene lazos estrechos con la patronal y clase política, quienes están detrás del golpe.
Pero también existe la posibilidad de que el control de las movilizaciones populares y gremiales se les fuera de las manos a la dirección sindical, por lo que temen una insurrección popular con consecuencias imprevisibles para el país y Centroamérica.
Es obvio que los golpistas no esperaban la reacción unánime del pueblo en contra del golpe militar. Los golpistas usan varias tácticas para polarizar la población a favor y en contra, y crear la imagen de normalidad ante el mundo.
Una de las tácticas es la censura de la prensa nacional e internacional cerrando medios independientes y expulsando corresponsales de la prensa internacional, como fue el caso reciente de los corresponsales de Telesur, la agencia latinoamericana de noticias impulsada por Chávez.
La figura Chávez ha sido objeto de burla y vilipendio desde los grandes medios de prensa que denuncian su supuesta injerencia en los asuntos internos e informan a la población de una posible invasión militar venezolana. (En contraste, los golpistas no denuncian la injerencia de la Casa Blanca ni su presencia militar en el país).
La ultraderecha en Honduras usa la xenofobia en contra de las representaciones diplomáticas de Venezuela, Cuba y Bolivia y en contra de inmigrantes nicaragüenses a quienes acusa de planear una invasión militar desde el país vecino.
La patronal no se queda atrás y organiza manifestaciones a favor de Micheletti en la que participan empleados públicos y privados. Reportes de prensa indican que trabajadoras de la industria textil han sido forzadas a asistir a las manifestaciones pro-golpe donde reciben una camiseta con el color blanco y azul.
Sin embargo, las manifestaciones a favor del golpe las encabezan los "blancos" o "blanquitos" -como los llama el pueblo- de clase alta y media a diferencia de las manifestaciones en contra de la asonada donde se congrega una multitud multiétnica y multirracial entre los que se encuentran obreros y campesinos afro-decendientes y de origen maya.
La polarización crece cada día que pasa como resultado de la agudización de la lucha de clases. El día miércoles 23 de julio cuando hubo una confrontación entre una marcha estudiantil en contra del golpe y una manifestación de los "blancos".
En cierta forma, la resistencia al golpe ha neutralizado uno de los ejércitos con mayor poderío bélico en Centroamérica, que cuenta con el respaldo económico de EE.UU.; y el cual no podido llevar a cabo una represión más severa en contra del pueblo, las organizaciones de la izquierda y los sindicatos.
La lucha popular va en ascenso y tiene como bandera el retorno incondicional de Zelaya, castigo para los golpistas y una asamblea constituyente por voto popular para hacer las transformaciones sociales que se necesitan.
Hay que presionar al Presidente Obama para que corte la ayuda militar a los golpistas de una vez por todas, retire su embajador de Honduras, y así abra paso a la restauración incondicional de Zelaya a la presidencia.
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